De acuerdo con El Universal, la derogación fue aprobada por 80 votos y pasó a la Cámara de Diputados para que sea votada.
Las nuevas disposiciones obliga a las cárceles a tener equipo para bloquear o anular señales de teléfonos celulares dentro de su perímetro.
Además obliga a los concesionarios de telefonía celular a entregar la ubicación geográfica en tiempo real de comunicaciones relacionadas con delincuencia organizada.
De no obedecer, los concesionarios podrán ser multados con uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días de salario mínimo, equivalente a 59 mil 800 pesos y 598 mil pesos.
No sólo eso; además se obliga a los usuarios cuyos teléfonos móviles hayan sido robados a que aporten datos para que sean desactivados permanentemente y se evite que sean usados por la delincuencia.
Cabe señalar que ya existía la modalidad de desactivación de tarjeta SIM al extraviarse un celular cuando el usuario lo reportaba al proveedor de telefonía móvil.
También cabe recordar que el gobierno federal inisitió hasta el cansancio en que la gente registrara su teléfono en el RENAUT, incluyendo en el registro sus datos personales y su CURP, pero sin que hubiera una garantía de que los datos no serían filtrados a terceras personas.
En junio de 2010 se dio a conocer por medio de la prensa que los datos del RENAUT podían ser comprados en internet.
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